Así lo ha explicado a Lanza el comisario de Aguas de la Confederación, Timoteo Perea, quién ha señalado que el proyecto de deslinde está siendo revisado por los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado y una vez que tenga el visto bueno comenzará de inmediato la señalización y delimitación de la zona que formará parte del dominio público hidráulico.
Perea comenta que a lo largo de este año "concluirá" un proceso que se inició en 1987 cuando la CHG decidió deslindar esta zona ante la proliferación de empresas y particulares que habían abierto pozos ilegales para extraer el carbón de turba de la zona.
Este deslinde fue recurrido por tres particulares a los que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón en 1990 porque consideraba que esta franja de terreno no formaba parte del río y, por tanto, no era de propiedad pública.
El recurso interpuesto por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo acabó revocando el fallo del Tribunal Superior de Justicia extremeño y consideró que los Ojos del Guadiana, tanto si era considerado río como laguna o una zona mixta de río y laguna, conformaban un lecho de agua que debía ser de dominio público puesto que "los ríos y las lagunas lo son", señalaba la sentencia.
Además, el fallo advertía de que la circunstancia de que no hubiera agua desde hacía tiempo en esa zona "no cambia la conclusión anterior".
Décadas después, la CHG ha ultimado el proceso de deslinde del río Guadiana en el tramo que va desde los Ojos del Guadiana al entorno del molino de Zuarcorta, empleando para ello los nuevos sistemas de información geográfica que permiten la digitalización cartográfica, entre otros aspectos.
En cuanto la CHG reciba la información correspondiente de la Abogacía del Estado, los técnicos del organismo comenzarán a delimitar con "estaquillas" y "mojones" la zona que formará parte del cauce fluvial.
La intención de la Confederación es que una vez concluya el proceso de deslinde de este tramo del río se pueda incoar un nuevo expediente que permita delimitar el trazado del río hasta su entrada al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
"Se trata de un proceso que hemos divido en dos tramos. Del primer tramo está todo hecho, y del segundo, nuestra intención es incluirlo en los presupuestos para poner iniciarlo cuanto antes", ha comentado el comisario de Agua.
Para afrontar este nuevo proceso de apeo y deslinde del dominio público hidráulico se iniciará un proceso que deberá considerar aspectos tan esenciales como las condiciones topográficas y geomorfológicas del cauce fluvial, las alegaciones y manifestaciones de los propietarios de los terrenos ribereños y de los técnicos de los ayuntamientos implicados, de la comunidad autónoma y, en general, cuantos datos y referencias resulten oportunos.
Para iniciar este proceso complementario será necesario el acuerdo del organismo de cuenca, que deberá elaborar el presupuesto aproximado del coste de todos los trabajos necesarios hasta completar el apeo y deslinde del tramo.
A partir de entonces, se hará una memoria descriptiva que deberá incluir el objeto del deslinde, las características del tramo y de la propiedad en los terrenos colindantes, así como los estudios realizados en la zona.
Tras la revisión catastral de los mismos, se debe proceder al levantamiento topográfico de la zona, aportando en ese momento, un estudio de la hidrología del tramo que se a de deslindar, en base en la información pluviométrica disponible, que permitan proyectar los modelos matemáticos que sean de aplicación y que ayuden a deducir el caudal teórico de la máxima crecida ordinaria.
Fuente: www.lanzadigital.com